Bariloche Solidario – Cascos Blancos, segunda parte

Ciudades Resilientes

Esfuerzos en conjunto, beneficios para todos.

El programa “Desarrollando Ciudades Resilientes” forma parte de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD) de la ONU, donde la Comisión Cascos Blancos funciona como punto focal. Revista N&T volvió a dialogar con su presidente, el Embajador Gabriel Fuks, para conocer en qué consiste esta iniciativa.

Cascos Blancos es una institución que funciona bajo el ala de la ONU, y que surgió en forma oficial en el año 1994, cuando Naciones Unidas la oficializó. Además, fue reconocida por la Organización de los Estados Americanos (OEA), con quien también trabaja en paralelo.
Gabriel Fuks viene conduciendo el organismo desde hace ocho años y medio. Fue nombrado Presidente durante el mandato de Néstor Kirchner y ratificado por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2007. A fines de 2011 nuevamente se confirmó su cargo, y ejercerá esta función por otros cuatro años más, en los que espera seguir profundizando su compromiso con la sociedad y su invaluable vocación de servicio, aquella que guía su accionar y el de Cascos Blancos en su conjunto.
Dentro de las iniciativas de la ONU, y en las que participa la organización presidida por el Embajador Fuks, se destaca la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (EIRD). Dentro de ella, la Comisión Cascos Blancos desempeña un papel destacado y, en efecto, ha conformado la plataforma nacional de Reducción de Desastres. En noviembre próximo la plataforma regional tendrá lugar en Argentina, donde participarán representantes de toda América Latina.
“La Comisión Cascos Blancos, ya pasados dieciséis años de su constitución, ha demostrado ser una herramienta que también trabaja en las áreas de desarrollo. Hoy se implementan estrategias de reducción de riesgos de desastres, lo que significa que no se los espera pasivamente, sino que el objetivo es desarrollar planes para disminuir las posibilidades de que éstos ocurran y capacitar a las sociedades para que, llegado el caso, la población esté en condiciones de responder ante una emergencia”, define Fuks. Esta es justamente la idea lineal que rige el programa “Ciudades Resilientes”.
El concepto de “resiliencia” proviene de la Psicología, y se refiere a la capacidad de los sujetos para afrontar situaciones adversas y sobreponerse a ellas, incluso hasta resultando fortalecidos. Retomando esta noción fue que se creó la campaña internacional promovida por la EIRD. “La iniciativa hace referencia a la capacidad de las comunidades de, dado un desastre, no solamente ‘sobrevivir’ a él, sino también superar esa situación y adaptarse a nuevas condiciones de vida. Hoy no se puede pensar la gestión del riesgo sin esa enredadera social que es parte de ella”, define el Embajador, y agrega: “Ciudades Resilientes es un plan para que los intendentes de los municipios firmen diez puntos. El objetivo es fijar requerimientos para que las regiones sean más seguras. Si una ciudad tiene una amenaza de algún tipo -ejemplo: hay inundaciones recurrentes-, se analiza qué tipo de obra pública debe hacerse, cómo reasignar espacios para que la población se instale lejos de las zonas de peligro, qué sucede con el tipo de industrias y dónde se desarrollan, el ordenamiento territorial, y demás cuestiones. Son compromisos que los responsables de las localidades se comprometen a cumplir”.
Esta campaña supone la oportunidad de llevar a cabo una propuesta de gestión en la que se contemplen riesgos eventuales y el desafío de llevar a la práctica una “hoja de ruta” en la que se especifiquen los requerimientos necesarios para construir “Ciudades Resilientes”. Dentro de los puntos incluidos en la campaña, se destaca la necesidad de asignar un presupuesto destinado a la reducción del riesgo de desastres y brindar incentivos a las familias de bajos ingresos para que inviertan en la disminución de las posibles amenazas a las cuales se enfrentan. Además, se requiere de una organización adecuada en toda la sociedad para que, mediante la creación de alianzas locales, se lleve a cabo una verdadera reducción de los riesgos de emergencias.
Otro de los asuntos destacados que supone este plan es el hecho de mantener estadísticas actualizadas sobre las amenazas sucedidas y sus probabilidades de aparición, lo que constituye información útil para el desarrollo de futuras tareas. Asimismo, el programa hace hincapié en la recurrente evaluación de las medidas de seguridad en escuelas, hospitales y demás instituciones. También se recomienda invertir en infraestructuras críticas -como por ejemplo sistemas de drenaje frente a inundaciones-; proteger los ecosistemas; ofrecer simulacros ante posibles escenarios catastróficos y educar a la comunidad respecto de lo que se espera que hagan. Por último, se espera que tras un desastre, las ciudades puedan concretar ejes de reconstrucción apropiados.
Al respecto, explica Gabriel Fuks, “El mapa de riesgo tiene que tener una situación de contingencia preparada y las correspondientes medidas de seguridad. Hay que preparar a la comunidad para que cuando se produzca la emergencia pueda afrontarse la situación con todos los medios. Pero la intención no solo es que las poblaciones estén capacitadas para atender estos casos, sino que también se aspira a que una eventual amenaza deje de serlo, porque seguramente habrá cosas que no van a suceder. Por ejemplo, se podría evitar que se construyan viviendas en zonas próximas a ríos, donde indefectiblemente van a llegar las inundaciones en caso de que las haya. Si se instalan esos núcleos familiares en otros lugares ese riesgo está impedido. No siempre pueden ponerse en práctica estas cuestiones, pero son lineamientos frente a los que hay un compromiso asumido por parte de las cabezas de los municipios”.
Este programa comenzó a gestarse en 2005, cuando Naciones Unidas empezó a proponer esta estrategia de reducción de riesgos de desastres. Así fueron pensándose desde el Estado acciones competentes a la inversión pública orientada a resolver y prevenir distintas catástrofes, incorporando la amenaza y la vulnerabilidad en las obras estatales, dos factores que guían cada mapa a elaborarse.
En Argentina algunas localidades ya se han adherido a estas medidas, como Posadas, la ciudad de Santa Fe, y algunas comunidades de Córdoba: “La adhesión es voluntaria. Lo que hacemos nosotros es impulsar desde el Estado la discusión a nivel provincial y municipal. Ya no estamos en el 2001, por suerte. Tenemos un país que creció y cuya tendencia es seguir creciendo, que ya salió de aquella emergencia, y donde las poblaciones más vulnerables están cubiertas por los alcances de diversas políticas sociales, como la Asignación Universal por Hijo, y otras tantas. Esto permite tener redes que lleguen a toda la sociedad, y esas redes también tienen que utilizarse para prever posibles situaciones catastróficas, por eso hay que seguir destinando recursos a la prevención. En comparación con otras emergencias que han tenido lugar en distintos puntos del globo, en Argentina no se han producido grandes desastres, pero las pequeñas que se han sucedido -como las inundaciones de Tartagal por ejemplo– siempre dejan enseñanzas sobre qué cosas no hay que hacer”.
En estas iniciativas participa un grupo variado de instituciones. Entre ellas, las universidades públicas, ONG’s, la Cruz Roja, distintos organismos del Estado nacional, y los gobiernos provinciales y municipales. La campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes” supone esfuerzos en conjunto, y sólo de esa manera se pueden alcanzar sus objetivos. Una sociedad resiliente es una sociedad preparada para afrontar adversidades, y una sociedad donde el trabajo en equipo rindió sus frutos.